Gestión Fiscal e Incertidumbre Económica Internacional.

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Gestión Fiscal e Incertidumbre Económica Internacional |
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Las Operaciones de Mercado Abierto (Bonos) entre otros, son parte de los instrumentos de política monetaria con los cuáles cuenta un Banco Central para influir sobre la oferta monetaria de acuerdo al objetivo perseguido, el cual se orienta a modificar la masa monetaria tanto en su cuantía, como en su composición. Sin embargo la reciente operación de emisión y venta de los Bonos Soberanos fue ejecutada recientemente por el Gobierno Nacional, como herramienta disponible para reformular su gestión fiscal, mediante el sistema de transacciones en moneda extranjera SITME. Esto en medio de la mayor incertidumbre de los mercados financieros internacionales en lo que va de año 2011, y luego que la calificadora de riesgo Standard & Poors bajara de clasificación AAA hasta la clasificación AA+, a Estados Unidos lo cual incide en el desaliento de los inversionistas; paralelamente después de la elevación del tope de endeudamiento por parte del congreso norteamericano y cierto clima de desconfianza, debido fundamentalmente al nivel de deuda que acumula esta economía y de las proyecciones de lento crecimiento económico que se tienen, incluso que apuntan a una recesión económica para esta nación. A esto último se le suma la nueva nota que también la agencia calificadora de riesgo Standard & Poors, le ha dado a Venezuela, bajándola de calificación de BB- a B+, lo cual da a entender un deterioro para la nación tales términos. En este sentido, es pertinente hacer referencia al aspecto metodológico que toma S & P para establecer la citada clasificación, donde se toman en cuenta criterios de calificación de carácter económicos y políticos, dándole al caso venezolano mayor preponderancia a las variables políticas que a las económicas.
Tomando en consideración elementos como la reciente intención de las autoridades nacionales de movilizar las reservas internacionales no operativas, cuyo monto asciende a USD 11.000 millones, depositadas en el exterior en lugares como el banco de inversión norteamericano como el JP Morgan entre otros, para trasladarlos a economías emergentes como China, Rusia y Brasil; en otro aspecto se entienden también como razones políticas para tal caída en la calificación, la promulgación de leyes que restringen la libertad económica, así como el estado de controles cambiarios, de precios, el ataque contra la inversión privada y la caída en términos de productividad, así como también la reciente enfermedad del Presidente.
Así mismo, es necesario dejar claro que a nivel metodológico la calificación de riesgo clasifica cada soberano en una escala de uno (la mejor) a seis, para cada una de las nueve categorías establecidas, estas clasificaciones no presentan criterios fijos de ponderación, por lo que la forma de combinarlas, la mayor parte de las veces, una categoría depende de otras a su vez y sus tendencias, así como del nivel absoluto de muchos indicadores. De manera tal que las categorías analíticas que usa S & P, agrupan a la vez diversos indicadores que muestran un plano para el análisis y clasificación de riesgo final, de las que se consiguen 9 en total: el riesgo político, la estructura económica, la perspectiva de crecimiento económico, la flexibilidad fiscal, la deuda del gobierno general, los pasivos offshore y contingentes, la flexibilidad monetaria, la liquidez externa, el volumen de deuda externa.
Presentado el panorama turbulento de la economía internacional y su influencia sobre Venezuela, el punto central de análisis de la gestión fiscal hoy, para el periodo vigente al segundo trimestre de 2011, presenta el gasto publico alentado fundamentalmente por el incremento en el nivel de endeudamiento; en una primera instancia por vía de la reciente venta de papeles del estado, cuyo nombre es Bono Soberano internacional amortizable 2031, el cual asciende a un valor nominal de USD 4.200.000.000,00; adquirido a un tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 = USD 1,00; con un cupón pagadero semestralmente a una tasa de 11,95%. Esta nueva situación constituye un incremento de la deuda pública total, cuyo valor estaba en USD 64.111, 36 millones hasta el mes de Marzo del presente, fecha del último reporte de saldo en el informe del ministerio de planificación y finanzas; a lo cual también se deben considerar los recientes endeudamientos de PDVSA con grupos económicos, Japoneses, Chinos e Italianos, por montos de USD 1.500 millones y USD 5.5 millones respectivamente lo cual elevaría la deuda de la estatal petrolera a una suma de USD 30.000 millones luego de la nueva emisión de bonos PDVSA 2017 y 2022.
Con este escenario de endeudamiento, el gobierno venezolano intenta cubrir el financiamiento de los planes de vivienda, agricultura y reestructuración de deuda, de manera que el impacto que tiene esta situación sobre Venezuela la ubica en un lugar mas desfavorable aun, no solamente por el gran endeudamiento que se debe asumir a una tasa de interés tan elevada para amortización por pagos de deuda, en esta emisión de bonos y la nueva calificación de riesgo, en baja; sino también por la consecuente caída en la demanda de materias primas a nivel mundial, que implica una baja en los precios del petróleo, siendo esta situación preocupante para la nación en el plano de lo inmediato, donde se juntan factores de distorsión, como el ahorcamiento para la inversión privada, con la amenaza permanente de confiscación de bienes privados; también contando ya hasta el mes de agosto del presente 103 meses de control cambiario, por otro lado controles de precios, como la Ley de Costos y Precios Justos.
Cuando se revisa que el presupuesto de la nación para el período de 2011, cuyo monto estaba calculado en Bs. 204.208 millardos equivalente a USD 47.499 millones, calculado a una tasa inflacionaria del 22%, un precio de barril petrolero a USD 40 y un nivel diario de producción de tres millones de barriles, a los cuáles se les debe sumar los créditos adicionales para administración pública, lo cuál eleva la suma hasta los Bs. 280 millardos aproximadamente, en este contexto, no se puede pensar en una política económica coherente y con privilegio de la eficiencia, si se presenta un barril de petróleo cuya tasa promedio hasta el mes de Julio del presente ronda los USD 99, 24 en lo que va de año, todo esto claro esta, antes del impacto negativo en dichos precios en medio del clima de incertidumbre que atraviesa la economía global, impulsada con gran fuerza por la crisis de deuda de la Unión Europea la cual no pareciera conseguir soluciones y los temores de un nueva recesión mundial.
Dejando al descubierto el escenario presentado, se finaliza diciendo que se debe reorientar el cause económico, por el privilegio de la eficiencia, en la medida que exista una adecuada conducción del crédito público que se traslade a resultados tangibles en los diversos sectores de la economía, y fundamentalmente en el sector construcción el cuál tuvo una caída del 7,7 % al cierre del primer trimestre del año, debido al gran apalancamiento que supone para las economías dicho sector; tanto como la inversión en tecnología que se requiere en el sector petrolero, se deben hacer ajustes graduales de carácter monetario que conduzcan a generar progresivamente un estado de confianza en la moneda nacional, toda vez que la tasa de inflación acumulada que existe hasta el presente alcanza el 16 %, sabiendo además que la misma es un fenómeno monetario.
Fuentes consultadas:
- Banco Central de Venezuela. - Ministerio de Planificación y Finanzas. - Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. - Standard & Poor's. - Cálculos Propios.
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Por Consecomercio,
Econ. Jonny Dávila
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Unidad de Análisis Económico y Legislativo |
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